Las tecnologías digitales bloquean el acceso a la tierra.

A pesar de las promesas de arreglar la injusta gobernanza de la tierra, un nuevo estudio muestra que las tecnologías digitales pueden aumentar el acaparamiento de tierras y la desigualdad.

Mientras los gigantes corporativos discuten sobre Tech for Good en la reunión anual del Foro Económico Mundial, nuevos resultados de investigación muestran que la digitalización puede aumentar las desigualdades existentes. Un estudio publicado por FIAN Internacional ¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos revela cómo las tecnologías digitales se han convertido en nuevas herramientas para el acaparamiento de tierras y fuentes de beneficios. Basado en investigaciones realizadas en Brasil, Indonesia, Georgia, India y Ruanda, el estudio muestra que el uso de herramientas digitales en la gobernanza de la tierra exacerba las formas de exclusión existentes.

Algunas de las principales conclusiones son:

Las corporaciones, los individuos ricos, así como las élites locales, están utilizando las nuevas herramientas digitales para apropiarse de las tierras, lo que provoca el desplazamiento de familias y comunidades enteras.

La tierra es un derecho humano y es esencial para la vida de la población rural, pero los proyectos de digitalización se llevan a cabo sin salvaguardar los derechos humanos.

A pesar de sus deficiencias para el interés público, los donantes internacionales están gastando millones de dólares para potenciar el uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra en todo el mundo. Solo el Banco Mundial financia proyectos con más de mil millones de dólares, dirigidos principalmente al África subsahariana, así como al sur y al sureste de Asia.

En más de 20 países existen iniciativas que utilizan la tecnología blockchain, la tecnología subyacente a criptomonedas como Bitcoin. Mientras que el blockchain se promueve como una tecnología de vanguardia capaz de resolver los problemas de gestión de la tierra, la información disponible indica que la tecnología ha demostrado ser ineficaz y la mayoría de las actividades se han estancado.

Lo que estamos viendo es que el uso actual de las tecnologías digitales en el contexto de la tierra profundiza las desigualdades. No se trata de `Tech for Good`, sino de utilizar las tecnologías digitales para generar aún más ganancias, explica Philip Seufert, uno de los autores del estudio. La cuestión no es si las tecnologías digitales son buenas o malas. Pero cuando su aplicación no está integrada en los derechos humanos, los resultados benefician a un pequeño grupo de poderosas corporaciones e individuos. Para las comunidades rurales esto significa perder sus tierras y medios de vida.

La tierra es un indicador de las desigualdades sociales existentes y la desposesión de las comunidades locales ha aumentado desde la crisis financiera de 2008, que ha desencadenado una carrera mundial por la tierra por parte de todo tipo de inversores. La falta de acceso seguro y estable a la tierra es también un factor clave que provoca pobreza y hambre. Para solucionar estos problemas es necesario abordar cuestiones estructurales como la distribución muy desigual de la tierra y la falta de protección legal de los derechos de las comunidades a la tierra. Las herramientas digitales, como los catastros digitalizados, se han presentado como un atajo para resolver los acuciantes problemas de la tierra. Pero los datos de los cinco países analizados en el estudio muestran que los procesos de digitalización de la tierra están diseñados principalmente para hacerla atractiva para las inversiones financieras.

Es inaceptable que los gobiernos y las agencias de desarrollo estén ampliando el uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra sin tener en cuenta las normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas, afirma Mathias Pfeifer, coautor del estudio. Pretender que las soluciones técnicas pueden sustituir a las políticas que abordan la discriminación estructural es irresponsable y peligroso. La falta de participación generalizada de las y los afectados sólo empeora la situación.

Los datos analizados muestran que la digitalización conlleva una transferencia de poderes del Estado a actores privados. En Georgia, por ejemplo, una empresa con sede en los Países Bajos gestiona la infraestructura de blockchain que supuestamente servirá de base al sistema de gestión de tierras del país, incluyendo las transacciones automatizadas de tierras. Este y otros acuerdos de colaboración entre el sector público y el privado suscitan serias dudas sobre el control público de bienes esenciales y funciones de gobernanza. En 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció la creación de una plataforma internacional que pretende orientar la aplicación de las tecnologías digitales en el contexto de la alimentación y la agricultura. Las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de defender y aplicar las normas de derechos humanos acordadas internacionalmente en el contexto de la digitalización, incluidas las propias Directrices de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques.

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